La Ley General de Ferrocarriles de 1855 potenció la construcción de una red ferroviaria con la aportación de capital francés. Sin embargo, el retraso en la implantación del nuevo medio de transporte, el costo de las obras y el diseño de una red que no fomentaba el desarrollo regional colocaron a España en una posición de desventaja respecto a otras economías europeas.